La Fiscalía General de la Nación anunció la ocupación de 42 bienes que estarían vinculados a una estructura de presuntos testaferros que habría estado al servicio del narcotraficante Hélmer Francisco Herrera Buitrago, alias Pacho Herrera, uno de los máximos jefes del Cartel de Cali.
De acuerdo con el ente investigador, los activos afectados están avaluados preliminarmente en más de $44.900 millones y habrían permanecido ocultos mediante una red de personas y empresas que operaban en distintos sectores de la economía para dar apariencia de legalidad a los recursos y evadir el control de las autoridades.
La decisión se produjo luego de una investigación patrimonial y financiera que permitió identificar bienes que, según la Fiscalía, estarían relacionados con uno de los grupos de testaferros que habría administrado recursos asociados a Herrera Buitrago, conocido en el mundo criminal como alias Pacho Herrera.
Las pesquisas indican que durante varios años habrían sido utilizadas personas naturales y empresas de diversos sectores económicos para ocultar, transformar y administrar los activos identificados.
Entre las actividades económicas mencionadas por la Fiscalía aparecen los sectores inmobiliario, constructor, financiero, hotelero, aeronáutico, avícola, porcícola, cambiario y de juegos de suerte y azar.
Con base en estos hallazgos, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión sobre los bienes identificados.
Las diligencias de ocupación fueron realizadas por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional, en Bogotá, Cali, Jamundí, Tuluá y Sonsón, Antioquia.
Entre los activos afectados figuran inmuebles, establecimientos de comercio y una sociedad. En Bogotá fueron ocupados un apartamento, nueve parqueaderos, ocho oficinas y tres locales comerciales. En Cali, las medidas recayeron sobre dos garajes, un local comercial, tres lotes, una sociedad y dos establecimientos de comercio.
La Fiscalía también informó que en Jamundí fueron afectados un inmueble urbano de cuatro pisos, donde funcionaba un hotel, y un lote. En Tuluá fue ocupado un terreno, mientras que en Sonsón fueron intervenidos siete predios que conforman la hacienda La Porcelana. Según el reporte oficial, esta propiedad tiene una extensión de 1.083 hectáreas.
La ocupación de estos bienes hace parte de las acciones de extinción de dominio con las que las autoridades buscan afectar las estructuras patrimoniales que presuntamente fueron utilizadas para ocultar recursos provenientes de actividades ilícitas y mantenerlos por fuera del alcance de la justicia.
Por ahora, la Fiscalía sostiene que los activos identificados habrían sido usados para encubrir bienes asociados a una red de testaferros vinculada al desaparecido capo del cartel de Cali.
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