La revisión de las fotomultas en Colombia comenzó a dejar sus primeros hallazgos. El Gobierno de Abelardo de la Espriella informó que cerca de 40.000 órdenes de comparendo podrían haber sido impuestas de manera irregular por dispositivos que, aunque estaban autorizados, no registraban oficialmente el inicio de su operación.
La cifra todavía está en proceso de validación con el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), por lo que aún no se ha determinado cuántos de esos comparendos tendrían que ser revisados o eventualmente anulados.
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El anuncio fue hecho por el presidente, quien escribió que ordenó a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) realizar una revisión de los sistemas de fotodetección que funcionan en el país: “¡Las fotomultas son para salvar vidas, no para hacer negocios con los ciudadanos!”, afirmó el mandatario.
Uno de los casos identificados está en Cartago, Valle del Cauca, donde fue negada la entrada en operación de un sistema de fotodetección que no cumplía con los requisitos técnicos exigidos.
La revisión también encontró 12 dispositivos cuya autorización está en trámite de revocatoria, debido a cambios relacionados con la competencia de las autoridades de tránsito que los habían autorizado.
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De la Espriella aseguró que ordenó revisar todos los puntos de fotodetección habilitados en Colombia y anunció que el Gobierno trabajará con el Ministerio de Transporte en una nueva reglamentación con el objetivo establecer controles sobre las condiciones técnicas y administrativas que deben cumplir estos sistemas antes de entrar en funcionamiento.
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La revisión también alcanzará a los vehículos que “utilizan dispositivos tecnológicos para imponer comparendos sin agentes y sin la debida autorización”, según anunció el presidente.
De la Espriella cerró su pronunciamiento insistiendo en que los controles de seguridad vial deben ajustarse a la ley y no convertirse en mecanismos de cobro irregular: “La seguridad vial no puede ser una excusa para esquilmar al ciudadano. El dispositivo que no cumpla la ley no puede operar. Y donde encontremos irregularidades, actuaremos”.
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