La tensión entre Estados Unidos y la Corte Penal Internacional (CPI) escaló este viernes. La administración de Donald Trump anunció sanciones contra el tribunal internacional y advirtió que buscará frenar sus actividades, luego de que le concedieran el Premio Nobel de la Paz a Navi Pillay, exjueza de la CPI.
El anuncio lo hizo el secretario de Estado Marco Rubio, quien defendió las medidas como una respuesta a lo que Washington considera una amenaza para su soberanía y para sus funcionarios.
“Hoy, la Administración Trump está sancionando a la CPI. Esta acción debería alentar a nuestros aliados dentro de la Corte a trabajar por soluciones para poner fin a esta amenaza a la soberanía de EE. UU. para siempre”, afirmó Rubio.
El funcionario sostuvo que las sanciones buscan proteger al personal de seguridad y a los funcionarios electos estadounidenses frente a eventuales procesos judiciales en un tribunal.
“El presidente Trump nunca permitirá que la Corte Penal Internacional procese a estadounidenses”, declaró. Añadió que las medidas pretenden cortar los recursos de la institución y paralizar su capacidad de funcionamiento. Según Rubio, no se han adoptado medidas significativas para atender las preocupaciones de Washington.
Aunque el anuncio se produjo pocas horas después de conocerse el Nobel de la Paz para Pillay, Rubio no mencionó ni a la jurista ni al galardón en su declaración.
El Comité Nobel reconoció el trabajo de Pillay en favor de la paz y el derecho internacional. Ella además le habría lanzado una “pulla” a Trump. Dijo: “Si siguen aplaudiendo, le regalo el Nobel a Trump”, en referencia a lo que hizo María Corina Machado, la líder opositora venezolana, tras recibir el premio hace un año.
Las sanciones se inscriben en una serie de cuestionamientos de la administración Trump a la CPI, relacionadas principalmente con funcionarios israelíes.
La CPI rechazó las sanciones y las calificó como una medida sin precedentes contra una institución judicial independiente. En un comunicado, señaló que la decisión estadounidense se suma a designaciones anteriores contra 13 jueces y fiscales independientes vinculados a su trabajo.
La Corte recordó que fue creada mediante un tratado internacional y que tiene el mandato de investigar y juzgar crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión. Actualmente cuenta con 125 Estados partes.
Para el tribunal, las sanciones buscan obstaculizar la justicia e intimidar tanto a quienes trabajan en la institución como a quienes colaboran con ella.
“La Corte no se dejará amedrentar”, dijo la presidenta de la CPI, Tomoko Akane.
La declaración también hizo un llamado a los Estados partes para que adopten medidas concretas que garanticen los recursos necesarios para mantener las operaciones del tribunal.
La reacción de Washington provocó preocupación entre los países europeos. La Unión Europea manifestó su disposición a adoptar medidas para garantizar que el tribunal pueda continuar con su labor.
“La UE está dispuesta a adoptar todas las medidas necesarias para que la Corte pueda llevar a cabo su labor, tanto en la investigación como en el enjuiciamiento de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”, señaló.
El enfrentamiento entre Washington y la Corte Penal Internacional también tiene un antecedente reciente para Colombia. En septiembre, el Gobierno de Abelardo de la Espriella retiró la candidatura de la jurista Carolina Olarte-Bácares para ocupar, por primera vez para el país, una de las magistraturas del tribunal.
El retiro de la candidatura modificó la participación colombiana en ese proceso de selección, pero no implicó un cambio en las obligaciones internacionales del país frente a la CPI.
