La Contraloría General de la República desplegó este martes 28 de julio un equipo de Policía Judicial de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), adscrita a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), hacia el Ministerio de Hacienda para iniciar un ejercicio de verificación y recaudo de información.
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La actuación se realiza en el marco de las facultades constitucionales del organismo de control y está relacionada con la Función de Advertencia que la entidad notificó previamente al Gobierno Nacional por posibles riesgos presupuestales, financieros y contractuales que, según indicó, podrían comprometer la sostenibilidad fiscal del país.
La Contraloría General de la República explicó que el pasado 27 de julio activó una Función de Advertencia dirigida al Gobierno Nacional y al Ministerio de Hacienda, como gestor fiscal central del Presupuesto General de la Nación (PGN), tras identificar factores que podrían afectar el equilibrio de las finanzas públicas.
Según el organismo de control, el Gobierno enfrenta presiones de caja, rezagos en las reservas presupuestales y necesidades adicionales de financiación, un escenario que obliga a que cualquier nueva decisión de gasto cuente con respaldo presupuestal suficiente y con criterios de sostenibilidad fiscal.
La entidad advirtió que asumir nuevas transferencias, asignaciones presupuestales o compromisos financieros sin una fuente cierta de financiación, disponibilidad efectiva de recursos y capacidad fiscal suficiente podría profundizar las presiones sobre la caja del Gobierno, afectar el equilibrio del PGN, incrementar las necesidades de endeudamiento y generar una eventual afectación al patrimonio público.
En ese sentido, la Contraloría instó a que todas las decisiones presupuestales se adopten bajo criterios de prudencia fiscal, planeación y sostenibilidad, garantizando que el uso de los recursos públicos responda a la disponibilidad real de recursos.
Uno de los principales hallazgos del informe presentado por el ente de control es el incremento de la contratación estatal luego del levantamiento de la restricción de la Ley de Garantías.
De acuerdo con la entidad, durante ese periodo se suscribieron 14.414 contratos por un valor cercano a $4,55 billones, lo que representa un aumento del 22,5% frente al mismo lapso de hace cuatro años.
El organismo también llamó la atención sobre el volumen de contratación directa, al señalar que en las últimas cuatro semanas se firmaron más de 11.000 contratos bajo esta modalidad.
Entidades bajo observación por riesgos contractuales
La Contraloría indicó que identificó riesgos presupuestales y contractuales en algunas entidades del Gobierno Nacional, entre ellas la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Ministerio del Interior.
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Como parte de la actuación iniciada este martes, el equipo de Policía Judicial adelantará la verificación y el recaudo de información en el Ministerio de Hacienda para evaluar los riesgos advertidos y dar seguimiento a la situación fiscal y presupuestal identificada por el organismo de control.
