Un día después de que la Fiscalía imputara cargos al periodista Jorge Alfredo Vargas por el presunto delito de acoso sexual, tres de las mujeres vinculadas al proceso como presuntas víctimas hicieron público un comunicado en el que explican por qué no participarán activamente en el juicio.
El pronunciamiento, divulgado por el periodista Daniel Coronell, expresa que las periodistas no buscan apartarse de los hechos que denunciaron ni frenar la investigación: “No obedece a un cambio de versión, ni a una retractación, ni tampoco desvirtúa que los hechos abusivos y denigrantes contra nuestra libertad sexual ocurrieron”, afirmaron.
Además, explicaron que “no se puede renunciar a un caso en el que no hemos pedido estar”, al insistir en que nunca solicitaron participar como víctimas dentro del proceso penal.
Las periodistas aseguraron que “desde el primer momento” dejaron claro tanto ante Caracol Televisión S.A. como ante la Fiscalía que “no es nuestro interés denunciar penalmente al señor Vargas”, pues consideran que las decisiones adoptadas por el canal tras las denuncias internas les dieron “verdad, justicia, seguridad y garantías de no repetición”.
Sin embargo, señalaron que la Fiscalía continuó el caso porque el delito de acoso sexual se investiga de oficio y que, pese a haber expresado en varias ocasiones su negativa, recibieron llamadas, correos electrónicos y mensajes de WhatsApp para vincularlas formalmente al proceso.
Aunque dijeron respetar el deber constitucional de la Fiscalía de investigar estos hechos, aseguraron que se han negado a constituirse como víctimas procesales porque consideran que hacerlo representa una revictimización: “La decisión responde exclusivamente a la necesidad de proteger nuestra intimidad, nuestra salud mental y nuestro proyecto de vida”, afirmaron.
Las periodistas también sostuvieron que el manejo del caso por parte de la Fiscalía las ha expuesto a escenarios de “acoso judicial y mediático” y señalaron que las denuncias internas fueron obtenidas inicialmente por el Ministerio del Trabajo y posteriormente por la Fiscalía mediante orden judicial.
Por esa razón invocaron el artículo 11 de la Ley 906 de 2004, que reconoce el derecho de las víctimas a recibir un trato digno y a que se protejan su intimidad y seguridad: “Pedimos que se respete nuestra decisión de no participar activamente en el proceso penal y no ser revictimizadas”, concluyeron.
Además, este miércoles, 5 de agosto, el medio El Veinte publicó un comunicado de una de las periodistas representadas por la abogada Ana Bejarano Ricaurte, quien aseguró que el proceso penal avanzó sin que ella hubiera presentado una denuncia.
“Trabajando en Caracol Televisión fui acosada por Jorge Alfredo Vargas. Por eso presenté la queja ante la oficina correspondiente en el canal. Cuando el Ministerio del Trabajo se llevó esos documentos (…) se judicializó el tema sin que yo, ni ninguna de las otras víctimas, presentáramos una denuncia”, afirmó.
La periodista agregó que fue convocada a la audiencia de imputación sin su consentimiento y que solicitó mantener en reserva su identidad. Según su versión, la jueza negó esa petición y pidió a su abogada retirarse de la actuación al no aceptar revelar su nombre: “La administración de justicia nos revictimiza, pero eso no quiere decir que no quiero que se haga justicia”, sostuvo.
Explicó que su negativa a revelar su identidad “es una medida para protegerme de las consecuencias de ser revictimizada, como ya está ocurriendo, en el debate público”, y dijo que “todos los costos que las agresiones de Vargas y todo lo que ha ocurrido después han tenido sobre mi vida y mi salud mental” motivan esa decisión.
La comunicadora insistió en que “no me retracto de nada de lo que acusé ante el canal” y aseguró que “lo ratificaré ante la justicia de ser necesario, como es mi deber legal”. También pidió mayor responsabilidad en el tratamiento público del caso al señalar que “tras cada noticia sobre estos asuntos existe una víctima que se siente sola y atacada, además de dañada”, y concluyó: “No busqué ni provoqué el acoso de Vargas”.
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El pronunciamiento de las periodistas se conoce un día después de que la Fiscalía imputara a Jorge Alfredo Vargas por el presunto delito de acoso sexual. Durante la audiencia, el comunicador no aceptó los cargos y aseguró que solo ese día conoció de manera concreta los hechos por los que es investigado.
En un video publicado en su cuenta de Instagram, Vargas afirmó que permaneció 137 días en silencio porque desconocía el contenido específico de las acusaciones. Además, anunció que ejercerá su defensa con su equipo de abogados, dijo estar convencido de su inocencia y pidió que sea la justicia, con base en las pruebas, la que establezca la verdad.
El caso salió a la luz pública en marzo de este año, cuando Caracol Televisión confirmó que había activado sus protocolos internos tras recibir denuncias contra dos de sus periodistas por presunto acoso sexual. Posteriormente, el canal informó la salida de Jorge Alfredo Vargas y del periodista deportivo Ricardo Orrego, indicando que, en el caso de Vargas, la terminación del vínculo laboral se produjo de mutuo acuerdo.
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