La salida de Rodrigo Lara se produjo tras el hundimiento del proyecto de Presupuesto General de la Nación por un vicio de trámite. El exprocurador, quien fue embajador ante la OEA durante el Gobierno de Iván Duque, ha protagonizado controversias por sus posiciones sobre el aborto, el matrimonio igualitario y el proceso de paz.
El presidente Abelardo de la Espriella anunció este miércoles 21 de octubre la salida de Rodrigo Lara Restrepo del Ministerio del Interior y confirmó que Alejandro Ordóñez Maldonado asumirá la dirección de esa cartera. Mientras se formaliza su posesión, el ministro de Justicia, Iván Cancino, ejercerá temporalmente las funciones del despacho.
El relevo ocurre después del impase relacionado con el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación, que terminó hundido por un vicio de trámite. Lara se convierte así en el segundo ministro que sale del Gobierno de De la Espriella, después de la salida de Viviane Morales del Ministerio de Educación.
“Agradezco al doctor Rodrigo Lara Restrepo por su servicio a Colombia. Doy la bienvenida al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, quien asumirá como nuevo ministro del Interior. Su experiencia, carácter y trayectoria serán fundamentales para afrontar los grandes desafíos de nuestra Nación”, escribió el mandatario.
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La llegada de Ordóñez pone nuevamente bajo la lupa la trayectoria de un funcionario que se dio a conocer por sus posiciones conservadoras y religiosas, sus fuertes sanciones disciplinarias contra servidores públicos y sus enfrentamientos con decisiones judiciales relacionadas con derechos de las mujeres y de la población LGBTI.
Abogado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, donde también se especializó en Derecho Administrativo, Ordóñez inició su carrera política como concejal de Bucaramanga por el Partido Conservador entre 1986 y 1989. Posteriormente ocupó distintos cargos en el Tribunal Administrativo de Santander y llegó al Consejo de Estado, corporación de la que fue presidente entre 2004 y 2005.
En 2009 asumió como procurador general de la Nación, después de ser elegido por el Congreso. Permaneció en el cargo hasta 2016, cuando el Consejo de Estado anuló su reelección por irregularidades relacionadas con nombramientos de familiares de magistrados que participaron en su postulación y de congresistas que votaron por él.
Durante sus dos periodos al frente de la Procuraduría, Ordóñez se caracterizó tanto por las sanciones disciplinarias contra funcionarios públicos como por su oposición a decisiones de las altas cortes en asuntos relacionados con derechos sexuales y reproductivos, diversidad sexual y el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc.
Tras salir del Ministerio Público, lanzó en 2017 su precandidatura presidencial para el periodo 2018-2022. Después de la consulta en la que participaron aspirantes que promovían el No en el plebiscito por el acuerdo de paz, el entonces presidente Iván Duque lo nombró embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
La Cancillería confirmó el pasado 15 de septiembre su posesión como jefe de la Misión Permanente de Colombia ante ese organismo. Ahora dejará esa representación para asumir el Ministerio del Interior.
Uno de los rasgos más controvertidos de su gestión fue el uso de las facultades disciplinarias de la Procuraduría. En 2013, cuando enfrentaba cuestionamientos por la destitución del entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, Ordóñez envió al Congreso una lista de funcionarios sancionados, clasificados entre políticos de izquierda y de derecha.
Un análisis publicado por BBC Mundo en diciembre de ese año señaló que, durante su primer periodo, había destituido a 828 alcaldes y 49 gobernadores, además de sancionar a cientos de concejales, congresistas y otros funcionarios. Las cifras alimentaron el debate sobre el alcance de sus atribuciones y la posibilidad de imponer sanciones a personas elegidas por voto popular.
La controversia se hizo especialmente visible el 9 de diciembre de 2013, cuando destituyó e inhabilitó por 15 años a Petro, entonces alcalde de Bogotá, por las irregularidades relacionadas con el cambio del modelo de recolección de basuras.
El caso llegó a instancias internacionales. En 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decretó medidas cautelares a favor de Petro y recomendó mantenerlo en el cargo mientras se resolvían sus recursos. Ordóñez se opuso a que el presidente Juan Manuel Santos acatara esa decisión, pero el mandatario terminó restituyendo al alcalde.
Años después, el informe final de la CIDH también favoreció a Petro. Ordóñez cuestionó al organismo y lo acusó de tener una orientación izquierdista y de pretender modificar la legislación colombiana. Sin embargo, también había recurrido a esa instancia en otros asuntos, como sus críticas a las penas alternativas contempladas en el proceso de paz y sus reclamaciones frente a la situación de colombianos en la frontera con Venezuela.
Otro episodio determinante fue la anulación de su reelección. En septiembre de 2016, el Consejo de Estado concluyó que existían irregularidades relacionadas con el nombramiento de familiares de magistrados y congresistas vinculados al proceso de elección. La decisión lo sacó de la Procuraduría cuando faltaban pocos meses para terminar su segundo periodo.
Las críticas también se extendieron a su posición frente a la restitución de tierras. Durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, Ordóñez cuestionó la aplicación de la ley y pidió modificarla por las tensiones entre reclamantes y terceros ocupantes. Aunque sus detractores lo señalaron de oponerse al programa, el análisis de Colombiacheck sobre esas acusaciones precisó que no pidió eliminarlo, sino cambiar aspectos de su implementación.
Las posiciones religiosas y conservadoras de Ordóñez han sido otro foco constante de controversia. Durante su gestión como procurador intentó frenar la aplicación de decisiones relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo, permitida en Colombia en tres circunstancias: cuando el embarazo es producto de una violación, cuando representa un riesgo para la vida o la salud de la mujer y cuando existen malformaciones fetales incompatibles con la vida.
En 2012, la Corte Constitucional falló a favor de una tutela presentada por la abogada Mónica Roa y otras 1.279 mujeres contra el entonces procurador. La decisión lo obligó a retractarse de pronunciamientos que, según el tribunal, vulneraban los derechos a la información y a la salud en materia de derechos sexuales y reproductivos.
La Procuraduría también tuvo que modificar circulares relacionadas con la objeción de conciencia en la atención de abortos y revocar actuaciones de sus delegadas frente a medicamentos y obligaciones de las instituciones de salud.
En materia de derechos de las parejas del mismo sexo, Ordóñez defendió la objeción de conciencia de notarios y otros funcionarios frente a la celebración de matrimonios igualitarios. También planteó que las uniones entre personas del mismo sexo debían formalizarse mediante un contrato distinto al matrimonio heterosexual.
En su libro Ideología de género: utopía trágica o subversión cultural, sostuvo que el matrimonio entre hombres y mujeres tenía una estructura jerárquica y cuestionó el reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos. Sus críticos consideraron que estas posiciones contradecían los avances constitucionales en materia de igualdad.
Su postura frente al proceso de paz con las Farc fue igualmente crítica. Después de que el Consejo de Estado anulara su reelección, Ordóñez se dedicó a promover el No en el plebiscito sobre el acuerdo de paz de 2016.
A estas controversias se sumaron episodios relacionados con sus convicciones religiosas. En 1978 participó en una quema pública de libros en Bucaramanga junto con integrantes de un grupo ultracatólico. Entre los autores de las publicaciones destruidas estaban Gabriel García Márquez, Jean-Jacques Rousseau y Karl Marx. En 2017, durante una entrevista radial, calificó ese episodio como «un acto pedagógico».
La intervención más reciente que volvió a poner a Ordóñez en el centro de la discusión ocurrió durante una sesión del Comité Permanente de la OEA. Según la información publicada por El Espectador y recogida por Pulzo el 11 de octubre de 2026, el entonces embajador presentó sus planteamientos y cerró su intervención con una arenga asociada a sus convicciones religiosas.
Cuando comenzó a pronunciar «¡Viva Cristo Rey!», la secretaria de la sesión le advirtió que su tiempo había terminado y que el micrófono se apagaría en un minuto. El sonido fue interrumpido durante la frase, por lo que en el registro oficial quedó un «¡Viva!» incompleto, aunque en el video se puede interpretar el resto de la expresión mediante la lectura de sus labios.
El episodio generó reacciones por el contenido religioso del mensaje y por el lugar en el que fue pronunciado: un organismo multilateral en el que Colombia participa como Estado. La controversia también volvió a poner en discusión la forma en que Ordóñez expresa sus convicciones personales en el ejercicio de sus funciones públicas.
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